Se pronuncia Morena contra propuesta de Ley de Aguas por privatizadora y excluyente; anuncian medidas de inconformidad e información

Sus integrantes anunciaron que harán suya la propuesta de Ley de Aguas de la Organización Agua para Todos

Marzo 10, 2015 Tania Montiel

Ante el dictamen del proyecto de la Ley General de Aguas, promovida en la Cámara de Diputados, también conocida como Ley Korenfeld, el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo rechazarlo por su carácter de privatizador y violatorio de derechos humanos, por lo cual estarán promoviendo su discusión y la inclusión de una Ley en la materia promovida desde el ámbito ciudadano

Con la presencia del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Martí Batres Guadarrama y de los representantes de Morena en las delegaciones Iztapalapa, Clara Brugada, Álvaro Obregón, Martha Pérez, Milpa Alta, Guadalupe Chavira, Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, así como Jaime López Vela, Rigoberto Salgado, Virgilio Caballero Fiorela Fabri Benito Baena Dr. Pedro Moctezuma,  Pablo Moctezuma, y la aún diputada por el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ernestina Godoy Ramos, anunciaron que harán suya la propuesta trabajada por la Organización Agua para Todos.

Entre los motivos por los cuales están en desacuerdo con el proyecto, así como los efectos negativos que los integrantes del grupo político consideraron, se encuentran: favorece que sean entes privados quienes se encarguen de los procesos de extracción, captación, construcción, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas, establecidos en la Ley.

Señalaron que limita el derecho humano al agua, disminuyendo a 50 litros de consumo por persona; es centralista y tutelar con respecto al DF, pues lo sujeta a la observancia de esta Ley, dejando de lado su legislación local, además de instruirlas a diseñar mecanismos de pago oportuno, de obligar al GDF a formar comisiones metropolitanas y observar los atlas de riesgos en principio de sus funciones.

Destacaron que esta Ley también busca subir las tarifas de agua para lograr su autosuficiencia, con lo cual se acabarán los subsidios y estos serán otorgados solo a sitios de pobreza extrema; en ese tenor, aumentarían las tarifas del servicio, y por ende, muchas familias verían interrumpido el suministro de agua; el subsidio retirado a los beneficiarios a su vez serían entregado a las compañías privadas.

Dijeron que a su vez, la propuesta de Ley condiciona la entrega de fondos federales a cambio de sujetarse a una política tributaria que mejore las ganancias; además del desperdicio y pérdida de agua potable al permitirse su uso en el fracking, para la obtención de energéticos

En tanto, Pedro Moctezuma, señaló que la Ley de Aguas impulsada en la Cámara  es un mandato constitucional de hace tres años, sin embargo con la medida de posponer la discusión, se llevan 37 meses de incumplimiento del mandato.

Recordó que durante ese tiempo, la organización Agua para todos, Agua para la Vida trabajó para crear su propia propuesta de Ley, la cual fue presentada y entregada a representantes legislativos de distintos niveles, que incluyó al coordinador del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF, Manuel Granados Covarrubias, el pasado 9 de febrero.

Ante el anuncio del aplazamiento para la discusión de la Ley, Martí Batres apuntó las acciones que se promoverán desde el partido: “vamos a dar la batalla adentro y afuera en tres frentes: una en el el debate de las ideas, hay muchos argumentos que plantear que además ha producido la sociedad civil; vamos a dar batalla dentro de la Cámara no solo con el debate legislativo sino que, si es necesario se tomará la tribuna por los legisladores de Morena; y vamos a dar la batalla en las calles con la movilización ciudadana y pacífica en contra de la privatización del servicio de aguas”.

En la propuesta ciudadana de la organización Agua para todos, Agua para la vida, propone el reconocimiento del agua como un bien común y su acceso como derecho humano, sin un uso con fines de lucro; establece la instalación de comités y consejos comunitarios en los distintos niveles de gobierno, restauración de zonas hidricoambientales; y, contraria a la Ley impulsada en la Cámara de Diputados, prohibiría la fracturación hidráulica (fracking) y la minería tóxica.