​Asamblea Legislativa, organismos autónomos y delegados trabajan por un protocolo para regular uso de redes

• Acuerdan en reunión incorporar propuestas de académicos, especialistas y sociedad civil
• El objetivo es regular el uso de tecnologías de la información y comunicación por parte de la autoridad, no de los usuarios: diputado Leonel Luna
• Perla Gómez, presidenta de la CDHDF propone equilibrar derechos humanos con las obligaciones de la autoridad

Los puntos de vista y opiniones de jefes y jefas delegacionales y de la sociedad civil organizada, así como las aportaciones de académicos y especialistas serán la base del protocolo que analizará y discutirá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a efecto de establecer una norma que regule el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y de redes por parte de las autoridades, procurando siempre el respeto a los derechos humanos y un uso responsable de esas herramientas.

Tras mencionar lo anterior, el Presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, diputado Leonel Luna Estrada, informó que en los próximos días se llevarán a cabo reuniones y mesas de trabajo para escuchar diferentes puntos de vista, y recabar información que permita tener una visión amplia sobre los alcances y limitaciones de las redes sociales, que usadas adecuadamente, permitirían una interrelación directa entre ciudadanos y gobiernos.

Reunidos en torno de este tema, los titulares de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza e Iztacalco, y los representantes de Coyoacán, Cuajimalpa, Azcapotzalco, así como los titulares de la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y el  Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, y los diputados Leonel Luna Estrada y Víctor Hugo Romo Guerra, acordaron trabajar en conjunto para sacar un protocolo consensuado.

Lo que se busca es generar un protocolo de actuación de la autoridad en torno del uso de las tecnologías de la información y comunicación y de las redes sociales que trace una línea muy clara entre la actuación del ente público, de la autoridad, y los derechos humanos, la privacidad, la dignidad humana, que prevenga al gobernante y los servidores públicos para que no caigan en ilegalidad que afecte directamente a alguna persona.

En ningún momento, asentó el diputado Leonel Luna Estrada, se pretende abordar el uso de las tecnologías y redes sociales de manera genérica, con lo que tiene que ver  con los usuarios y la libertad para hacerlo. Únicamente se trata de lo que corresponde a la autoridad, hoy en día muy acotada, para proveer a los delegados y al propio gobierno del Distrito Federal, de una norma.

En ese sentido, mencionó que se acordó que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INFO), que encabeza Musio Israel Hernández Guerrero, de acuerdo con sus facultades, concentre las propuestas que por escrito hagan las y los jefes delegacionales, las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambas del Distrito Federal, las aportaciones de académicos y especialistas, y  de las organizaciones de la sociedad civil.

El Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa indicó que ya hay una borrador de protocolo que elaboró el INFO-DF, que servirá de base para la discusión y, tras ser enriquecido, lo recibirán los diputados para analizarlo y discutirlo en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura en espera de que se convierta en norma.

De esta forma, al abordar un tema inédito y realmente complejo, la Ciudad de México, como siempre, está a la vanguardia de los grandes temas del quehacer nacional, inclusive mundial.

Víctor Hugo Romo Guerra, diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la ALDF, enumeró los temas de conclusión de la reunión: uno, hacer del protocolo una herramienta de gobernabilidad, que cuide, sí, derechos y ayude a la eficiente acción gubernamental; dos, generar iniciativas para el máximo uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer la acción de gobierno; tres, revisar la Ley de la Cultura Cívica para mejorar los juzgados cívicos y su acción, y se generen herramientas expeditas para que el ciudadano denuncie abusos; cinco, realizar una reunión para revisar y fortalecer atribuciones y facultades rumbo a una reforma administrativa respecto de las delegaciones políticas, futuras alcaldías; y seis, llevar a cabo mesas de trabajo con integrantes de la sociedad civil, académicos y especialistas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, destacó la necesidad de que se equilibren tanto los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente a través de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, como las obligaciones de la autoridad a respetar y hacerlos cumplir, pero, a la vez, hay que flexibilizar las atribuciones que estas tienen para también valerse de ellas y dar a conocer las acciones y obras de gobierno.

A su vez, Musio Israel Hernández Guerrero, titular del INFO-DF, habló de que sí hay que adecuar el uso de las herramientas de comunicación y las redes por parte de la autoridad con el propósito de que no se incurra en la violación de algún derecho social, pero, precisó, hay que conocer las necesidades que tiene para que de manera adecuada y responsable se valga de ellas. Las autorregulaciones no funcionan, dijo.

En opinión de la Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México  (COPRED), Jacqueline E´Hoist Tapia, el protocolo que se propone tiene que garantizar la inclusión, trato igualitario y mecanismos para inhibir la discriminación, dada la necesidad que hay de convivencia armoniosa de la sociedad, a fin de dejar atrás los mensajes de odio y transitar a una cultura de la paz.
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Por su parte, las titulares de Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, Xóchitl Gálvez y María Antonieta Hidalgo Torres, y los jefes delegacionales de Iztacalco y Venustiano Carranza, Carlos Estrada Meraz e Israel Moreno Rivera, respectivamente, coincidieron en la necesidad de dotar a la autoridad de herramientas que hagan posible la gobernanza y mejor comunicación con los ciudadanos, que se establezcan los derechos y obligaciones cívicos y las atribuciones de la autoridad para hacerlos cumplir.